Un blog dedicado a esclarecer el mundo jurídico de nuestra actualidad, desde la perspectiva de alumnos de derecho.
martes, 3 de mayo de 2011
Una madre ha sido absuelta tras estar separada de su hija dos años por propinarle dos cachetes.
El caso trata de una madre que propina dos cachetes a su hija, a causa de su bajo rendimiento escolar y por haberle escondido notas negativas de los profesores. Al día siguiente de los actos, la niña se dirige al colegio acompañada de su abuelo paterno, quién, tras finalizar la jornada escolar, acompaña a su nieta a la comisaría para interponer a la madre una denuncia de malos tratos en el ámbito familiar. La madre, y sin saber nada, se dirige a la comisaría para denunciar a los abuelos por no devolverle a su hija. En ese mismo lugar es detenida a causa de la denuncia interpuesta por el abuelo de la menor.
La mujer, finalmente, es juzgada, por el Juzgado de lo Penal número 7 de Valencia, por un delito de malos tratos en el ámbito familiar y condenada a 56 días de trabajos sociales, retirándole la custodia de la menor. Además el Juez impuso la prohibición de acercarse a la menor durante dos años. La sentencia ha sido dictada en conformidad a la L.O. 11/2003, de 29 de septiembre(http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo11-2003.html#). El art.1 apartado siete de dicha ley, que modifica el art.153 de la L.O. 10/1995, establece en su apartado siete que “ el que por cualquier medio o procedimiento causara a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en el Código Penal, o golpeara o maltratara de obra a otro sin causarle lesión, o amenazara a otro de modo leve con armas y otros instrumentos peligrosos, cuando en todos estos casos el ofendido fuera alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 , será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de uno a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de seis meses a tres años”. Con respecto a las personas objeto de la ofensa, referidas en el art 173.2 del CP, podemos decir que son las siguientes: “...quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados...”
La Audiencia Provincial de Valencia considera ahora que se trató de un hecho “puntual”, quedando absuelta de un delito de malos tratos y sólo la condena por una falta de maltrato de obra a la pena de un mes de multa con una cuota diaria de seis euros. La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia reconoce que la mujer dio dos cachetes a su hija sin causarle lesión, pero no entiende que pueda considerarse un delito de maltrato familiar. En este sentido recuerda sentencias que consideran que un cachete o acciones similares, que sin intención de producir un menoscabo físico por su levedad y propinadas para corregir un comportamiento insolente,violento o agresivo por parte del hijo “no merecen reproche penal”.
La mujer, finalmente, es juzgada, por el Juzgado de lo Penal número 7 de Valencia, por un delito de malos tratos en el ámbito familiar y condenada a 56 días de trabajos sociales, retirándole la custodia de la menor. Además el Juez impuso la prohibición de acercarse a la menor durante dos años. La sentencia ha sido dictada en conformidad a la L.O. 11/2003, de 29 de septiembre(http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo11-2003.html#). El art.1 apartado siete de dicha ley, que modifica el art.153 de la L.O. 10/1995, establece en su apartado siete que “ el que por cualquier medio o procedimiento causara a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en el Código Penal, o golpeara o maltratara de obra a otro sin causarle lesión, o amenazara a otro de modo leve con armas y otros instrumentos peligrosos, cuando en todos estos casos el ofendido fuera alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 , será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de uno a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de seis meses a tres años”. Con respecto a las personas objeto de la ofensa, referidas en el art 173.2 del CP, podemos decir que son las siguientes: “...quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados...”
La Audiencia Provincial de Valencia considera ahora que se trató de un hecho “puntual”, quedando absuelta de un delito de malos tratos y sólo la condena por una falta de maltrato de obra a la pena de un mes de multa con una cuota diaria de seis euros. La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia reconoce que la mujer dio dos cachetes a su hija sin causarle lesión, pero no entiende que pueda considerarse un delito de maltrato familiar. En este sentido recuerda sentencias que consideran que un cachete o acciones similares, que sin intención de producir un menoscabo físico por su levedad y propinadas para corregir un comportamiento insolente,violento o agresivo por parte del hijo “no merecen reproche penal”.
INVITACIÓN A LA MANIFESTACIÓN.
Mañana, miércoles día 4 de abril habrá una CONCENTRACIÓN simultánea en toda Galicia contra la Ley 34/2006, de acceso a la abogacía y procuradoría, delante de todas las Facultades de Derecho.
En OURENSE, la Delegación de Alumnos de Derecho (DAFDO), convoca la CONCENTRACIÓN este MIÉRCOLES DÍA 4 A LAS 13:00 HORAS DELANTE DEL EDIFICIO JURÍDICO-EMPRESARIAL.
Súmate a esta convocatoria porque están en juego los derechos estudiantiles en general y de los alumnos de derecho en particular.
RAZONES PARA ESTAR EN CONTRA DE LA LEY 34/2006:
-Impone que a partir de octubre de 2011 TODOS los nuevos licenciados y graduados en derecho DEBERÁN REALIZAR UN CURSO DE AÑO Y MEDIO Y UN EXAMEN NACIONAL PARA COLEGIARSE.
-Los que antes de octubre de 2011 tengan el título de licenciado o graduado en derecho TIENEN UN PLAZO DE 2 AÑOS PARA COLEGIARSE SIN NECESIDAD DE CURSO NI EXAMEN, A PARTIR DE ENTONCES TAMBIÉN TIENEN QUE HACERLO.
-El susodicho curso NO CONTARÁ COMO MÁSTER, lo que implica que a los alumnos de grado NO LES SIRVE PARA NADA, concretamente para el acceso a oposiciones.
-NO HABRÁ BECAS NI BOLSAS PÚBLICAS DE ESTUDIO, debiendo pagar todo los estudiantes, ya que los cursos serán mayoritariamente impartidos por los propios colegios.
-PODRÁN ACCEDER A LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y PROCURADOR ESTUDIANTES DE OTRAS CARRERAS DE LA RAMA JURÍDICO-SOCIAL: ciencias políticas...
En definitiva el objetivo parece claro: ENRIQUECER A LOS COLEGIOS PROFESIONALES, aún así la Ley dice que el verdadero objetivo es "profesionalizar", pero entonces se les "coló" un cierto intrusismo al permitir que personas no licenciadas o graduadas en derecho accedan a profesiones ENTERAMENTE JURÍDICAS.
Lucha por tus derechos!
FACULTAD DE DERECHO DE OURENSE, MIÉRCOLES 4 A LAS 13:00 HORAS!!
En OURENSE, la Delegación de Alumnos de Derecho (DAFDO), convoca la CONCENTRACIÓN este MIÉRCOLES DÍA 4 A LAS 13:00 HORAS DELANTE DEL EDIFICIO JURÍDICO-EMPRESARIAL.
Súmate a esta convocatoria porque están en juego los derechos estudiantiles en general y de los alumnos de derecho en particular.
RAZONES PARA ESTAR EN CONTRA DE LA LEY 34/2006:
-Impone que a partir de octubre de 2011 TODOS los nuevos licenciados y graduados en derecho DEBERÁN REALIZAR UN CURSO DE AÑO Y MEDIO Y UN EXAMEN NACIONAL PARA COLEGIARSE.
-Los que antes de octubre de 2011 tengan el título de licenciado o graduado en derecho TIENEN UN PLAZO DE 2 AÑOS PARA COLEGIARSE SIN NECESIDAD DE CURSO NI EXAMEN, A PARTIR DE ENTONCES TAMBIÉN TIENEN QUE HACERLO.
-El susodicho curso NO CONTARÁ COMO MÁSTER, lo que implica que a los alumnos de grado NO LES SIRVE PARA NADA, concretamente para el acceso a oposiciones.
-NO HABRÁ BECAS NI BOLSAS PÚBLICAS DE ESTUDIO, debiendo pagar todo los estudiantes, ya que los cursos serán mayoritariamente impartidos por los propios colegios.
-PODRÁN ACCEDER A LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y PROCURADOR ESTUDIANTES DE OTRAS CARRERAS DE LA RAMA JURÍDICO-SOCIAL: ciencias políticas...
En definitiva el objetivo parece claro: ENRIQUECER A LOS COLEGIOS PROFESIONALES, aún así la Ley dice que el verdadero objetivo es "profesionalizar", pero entonces se les "coló" un cierto intrusismo al permitir que personas no licenciadas o graduadas en derecho accedan a profesiones ENTERAMENTE JURÍDICAS.
Lucha por tus derechos!
FACULTAD DE DERECHO DE OURENSE, MIÉRCOLES 4 A LAS 13:00 HORAS!!
PRÁCTICA DE DERECHO CONSTITUCIONAL
Hechos acreditados L.M. L., ciudadano de origen marroquí y que habitualmente reside y trabaja en Francia, circulaba conduciendo el vehículo de su propiedad, el día 14 de abril de 2001 a las 20,50 horas, acompañado por A.G.C español por el centro de Madrid. Ambos había ingerido bebidas alcohólicas, y El suelo se encontraba mojado por la reciente lluvia. Por consecuencia de su lógica falta de concentración y porque el suelo estaba mojado, colisionó con los vehículos que le precedían y que se encontraban parados en un semáforo. Antonio R.S. conductor de uno de los vehículos precedentes mantuvo con L.M.L. una conversación sobre “papeles del seguro” con la mediación A.G.C. ya que L.M.L. no hablaba castellano, sino únicamente francés. Se personaron entonces los agentes de la policía local que realizaron las correspondientes pruebas de impregnación alcohólica a las 21,30 horas al conductor del vehículo. El acompañante de L.M.L. fue quien le informó de que le iba a ser realizada la prueba de alcoholemia (cómo se realizaba y en qué consistía), puesto que no entendía no hablaba el castellano; y a sus únicas explicaciones voluntariamente aceptó. El resultado de las mismas fue de 0'61 y 0'58 mg de alcohol por litro de aire espirado lo que equivale a 1'22 y 1'16 g de alcohol por cc de sangre en etilo metro evidencial y 0'52 y 0'51 mg de alcohol por litro de aire espirado lo que equivale a 1.04 y a 1'02 g de alcohol por cc de sangre, casi una hora después de practicarse la primera prueba. Al tiempo de realizar la prueba de impregnación alcohólica, L.M.L. no estaba detenido, procediéndose a efectuar la detención tras constatarse, por el resultado de las pruebas, la presunta comisión de un hecho constitutivo de delito y a efectuar al mismo, ya objeto de una imputación criminigena, la información de derechos en lengua francesa a las 23.10 h. En el acto del juicio, el letrado que asumió la defensa de L.M.L. invocó la nulidad de la prueba de impregnación alcohólica, alegando que su cliente había sido ilegítimamente detenido, puesto que no comprendía la lengua castellana y no se le informó en un idioma comprensible de la prueba a realizar y del hecho de su detención.
Cuestiones 1º.- Análisis del proceder de la policía local.2º.- Validez de la prueba de impregnación alcohólica.3º.- Legitimidad de la detención practicada.
Resumen del caso:
El ciudadano marroquí estaba en compañía de un español en Madrid, en una situación legal, en relación con la fecha… sabemos que era medio de noche, iban bebidos; tuvieron un accidente y el suelo estaba medio mojado.
Antonio, el conductor al que le dieron, estaba hablando con el marroquí en relación al seguro para hacer el parte, pero necesitaba un intérprete porque no hablaba castellano.
Alguien llamó a atestado y hicieron la prueba de alcoholemia; le explicó en qué consistía y el aceptó; sopló y dio positivo y pasada una hora sopló la segunda y daba positivo.
En el acto del juicio dijo que había sido ilegalmente porque no entendía el idioma y después de que le detuvieran, le hacen las pruebas.
Al marroquí tenían que informarle que le detenían por su tasa de alcoholemia, al dar positivo y por lo tanto supone un delito.
1º.- Análisis del proceder de la policía local.
La policía cuando le hace la prueba sin explicarle las consecuencias de esa prueba no actúa de forma legal, porque debería explicarle en qué consistía la prueba en su propia lengua.
2º.- Validez de la prueba de impregnación alcohólica.
La prueba no es válida porque tienen que informarle de los derechos previamente, es la denominada teoría del fruto prohibido.
3º.- Legitimidad de la detención practicada.
La detención no está hecha de forma legítima como se expresa en el artículo 520 de la ley del enjuiciamiento criminal.
Cuestiones 1º.- Análisis del proceder de la policía local.2º.- Validez de la prueba de impregnación alcohólica.3º.- Legitimidad de la detención practicada.
Resumen del caso:
El ciudadano marroquí estaba en compañía de un español en Madrid, en una situación legal, en relación con la fecha… sabemos que era medio de noche, iban bebidos; tuvieron un accidente y el suelo estaba medio mojado.
Antonio, el conductor al que le dieron, estaba hablando con el marroquí en relación al seguro para hacer el parte, pero necesitaba un intérprete porque no hablaba castellano.
Alguien llamó a atestado y hicieron la prueba de alcoholemia; le explicó en qué consistía y el aceptó; sopló y dio positivo y pasada una hora sopló la segunda y daba positivo.
En el acto del juicio dijo que había sido ilegalmente porque no entendía el idioma y después de que le detuvieran, le hacen las pruebas.
Al marroquí tenían que informarle que le detenían por su tasa de alcoholemia, al dar positivo y por lo tanto supone un delito.
1º.- Análisis del proceder de la policía local.
La policía cuando le hace la prueba sin explicarle las consecuencias de esa prueba no actúa de forma legal, porque debería explicarle en qué consistía la prueba en su propia lengua.
2º.- Validez de la prueba de impregnación alcohólica.
La prueba no es válida porque tienen que informarle de los derechos previamente, es la denominada teoría del fruto prohibido.
3º.- Legitimidad de la detención practicada.
La detención no está hecha de forma legítima como se expresa en el artículo 520 de la ley del enjuiciamiento criminal.
lunes, 25 de abril de 2011
lunes, 11 de abril de 2011
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