El Consejo de Ministros ha aprobado, el día 29 de abril, un Real Decreto por el que se aprueba el Plan contra el empleo sumergido. Dicho Real Decreto contará con dos períodos. Uno de ellos, que tendrá como duración hasta el 31 de julio, consistirá en un período voluntario durante el cuál las empresas que tengan ocupados trabajadores de manera irregular, puedan regularizar su situación. Tras este período voluntario, y tras la fecha antes indicada de finalización del anterior, se abrirá un período de medidas destinadas a combatir la ocupación de manera irregular una vez finalizado el plazo voluntario de regularización.
Hasta la fecha de finalización del período voluntario se mantendrán las actuales sanciones para los trabajadores y empresarios por empleo irregular. Después, y de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, dichas penal se endurecerán significativamente. Un ejemplo de ello, será por ejemplo que hasta ahora la afiliación y alta en la Seguridad Social conllevaba un sanción de 626 a 6.000 €. Con la reforma, la misma sanción pasará a costar entre 3.126 a 10.000 €.
El Ministro de Trabajo, Valeriano Gómez ha anunciado que no habrá amnistía, afirmación muy repetida por varios portavoces de la cartera de Trabajo frente a las críticas de los sindicatos. La Secretaría de Estado señaló que el Plan permitirá a los empresarios que paguen lo que deben a la Seguridad Social, eso sí , paulatinamente a fin de que no tengan que pagar todo en una vez, dándole facilidades, pero que al final lo acaben pagando todo. Los Sindicatos consideran esta medida, como un trato de favor a los empresarios.
El Gobierno espera que las medidas aprobadas consigan acelerar la recuperación del empleo.
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